El 1,5% de los profesionales de la salud emitió casi el 20% de las licencias médicas en 2022

2-3 PULSO

La semana pasada se dieron a conocer los nombres de quienes compondrán la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad del nuevo órgano constituyente encargado de redactar, por segunda vez, un borrador de nueva Constitución. Existen reclamos contra el proceso debido a su centralismo y elitismo, pues se ha buscado a personas de alto nivel educativo (magíster y doctorados en Chile y el extranjero); y se ha tildado de “chef” al Congreso Nacional por lograr un segundo acuerdo puertas adentro de la famosa “cocina”.

Sin embargo, nuevamente, el Legislativo logra un acuerdo amplio y una hoja de ruta para salir de la crisis, por supuesto, donde la propia clase política y la Convención Constitucional han dejado al país. Con todos los reparos a la democracia representativa y al comportamiento desmesurado de la actual Cámara de Diputados, la política actuó, proveyendo un camino a toda la sociedad. Se reclaman problemas de representación, pero cuando tuvimos el cuerpo institucional más diverso que la conservadora democracia chilena permitió, acabó por farrearse la única oportunidad de torcer el elitismo criollo. Fue allí donde se produjo un trade off entre representación y gobernabilidad, en que la diversidad jugó en contra de la capacidad de alcanzar amplios consensos y moderar los impulsos refundacionales de algunos convencionales. Por otro lado, la performance de la Convención, que se ha trasladado con fuerza a la Cámara y el Ejecutivo, caló hondo en la ciudadanía, castigándola con un rotundo rechazo.

Con todo, la respuesta de la política resultó mejor de lo esperado. Pese a las bajas expectativas ciudadanas, para los nombres propuestos, salvo excepciones, los partidos se dieron el trabajo de buscar gente que pudiera exhibir credenciales académicas y políticas interesantes, destacando por sobre todo las propuestas de la centroizquierda (incluyendo la Democracia Cristiana) y el Frente Amplio, con elencos de alta calidad académica y política, lo que demuestra una lección aprendida del proceso anterior.

Es de esperar que los bordes no coarten las definiciones que hagan los/as expertos/as sobre temas ya socialmente consensuados, como la paridad de género, las libertades civiles, el derecho a decidir, la regionalización y un Estado que garantice derechos sociales, pero, sobre todo, esclarecer las dudas respecto de ese molesto concubinato entre política y dinero que causó tanto descontento una vez descubiertos los casos Penta y SQM.

La ciudadanía está mirando el proceso de cerca. En una era en que todo se sabe a la velocidad de la luz, arriesgar el proceso podría salir muy caro, como la posibilidad de recrear un nuevo estallido social, o hacer explotar el sistema político. Pero se supone que hubo aprendizaje y, por ello, se espera que quienes redacten el nuevo borrador eviten repetir las faltas antes cometidas, no solo por la supervivencia del proceso, sino por la democracia chilena, que sigue estando en riesgo.