Inacción del Estado frente a la CAM

Cabría preguntarse en cuántas democracias desarrolladas se permitiría que una entidad amenace abiertamente al Estado y la seguridad de la población sin mayores consecuencias.

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, reconoció lo que a estas alturas debería resultar bastante obvio: el robo de madera se destina a financiar armamento y municiones para solventar las acciones de violencia que grupos como este llevan a cabo en zonas del llamado “conflicto indígena”.

Desde luego, Llaitul evita hablar de robo: se refiere a estos actos como “recuperación”, señalando que tales acciones no forman parte de las mafias que se dedican al robo de madera. El accionar de la CAM, en palabras de Llaitul, apunta en cambio a restituir recursos que han sido indebidamente apropiados por grandes forestales y otras empresas del sector, insumos que se utilizan para “reconstruir el mundo mapuche”.

Aun cuando estos dichos fueron proferidos en el marco de la presentación de un libro, en el mes de junio, solo ahora han trascendido. Más allá de eso, frente al reconocimiento de hechos tan graves, asumiendo la autoría de delitos y ufanándose de ellos, se habría esperado una respuesta contundente de parte de la autoridad, pero ello no ocurrió.

La ministra del Interior señaló que en estas declaraciones no hay elementos nuevos, y que estos hechos ya están comprendidos en la ampliación de querella por Ley de Seguridad del Estado (LSE) que hace solo unas semanas presentó el Ejecutivo, por lo que la Fiscalía cuenta con todas las herramientas para investigar. La acción a la que alude la ministra se dio en el marco del revuelo que provocaron otras amenazas que Llaitul recientemente profirió contra el Estado –“la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido”-, respecto de las cuales el Ejecutivo se resistió presentar querellas por LSE, argumentando que ya existían acciones judiciales en curso por los mismos hechos. Lo insostenible de esta postura y la andanada de críticas que recibió el gobierno obligaron a esta ampliación de querellas, la primera de las cuales se tramita contra Llaitul desde 2019.

La jefa jurídica del Ministerio del Interior, por su parte, señaló que si “cada vez que el señor Llaitul da una declaración hubiese que presentar una querella esto se volvería en un sinfín, lo que no tiene mucho sentido”. Ello a pesar de que el robo de madera ha alcanzado niveles peligrosos, con mafias dedicadas a ello, actividad que ya mueve más de US$ 90 millones al año.

Es lamentable que se sostenga un predicamento de esta naturaleza, pues lo que cabría esperar es que cada vez que hay un hecho que se enmarque en un posible ilícito la autoridad debería actuar enérgicamente. Si el líder de la CAM se siente con la libertad de desafiar una y otra vez al Estado con acciones violentas, es justamente porque percibe que puede actuar con un manto de impunidad, a sabiendas de que la autoridad no es capaz de enfrentarlo eficazmente, o que por una comprensión errada de cómo sintonizar con la causa indígena, se resiste a ello. ¿En cuántas democracias desarrolladas existirán casos como el de Llaitul, en que se puede desafiar a la autoridad sin consecuencias penales, o que se pueda poner en riesgo la seguridad de la población, amenazando con la violencia armada, sin que ello motive una respuesta contundente?

Hay un riesgo gravísimo cuando las autoridades abdican de su mandato, y permiten que la ley se incumpla impunemente. Esta actitud no hace sino retroalimentar la violencia, pero además contribuye a su naturalización, lo que violenta principios esenciales de cualquier sociedad.