Mineduc destinará $ 3.400 millones para nuevo catastro de infraestructura escolar

El proyecto preliminar

se realizó en 302 colegios, con la mayoría de ellos bajo un 25% de deterioro y casi un cuarto con problemas entre 25% y 50%. La nueva muestra a nivel país, que originalmente se había pensado iniciar durante el gobierno de Sebastián Piñera, se realizará entre 2022 y 2023, durará entre 13 y 15 meses y el levantamiento de información abarcará a más de siete mil establecimientos.

El último catastro de infraestructura escolar chilena se hizo entre 2012 y 2013 y cubrió el 90% de los 5.530 establecimientos educacionales de dependencia municipal de entonces. Esa vez el levantamiento fue empujado por el terremoto de 2010 y de ahí en más nada se hizo. Hasta ahora.

Otra vez por una incitación externa -la pandemia- el gobierno de turno, el de Sebastián Piñera y su ministro de Educación, Raúl Figueroa, decidieron realizar un nuevo catastro, luego de que entre 2020 y 2021 diversos sostenedores educacionales, sobre todo públicos, advirtieran que la vuelta a la presencialidad tras meses de encierro no era posible por el estado de sus recintos.

Así, en 2020 comenzó el diseño de un nueder vo catastro a nivel país y a mediados de julio del año pasado el Mineduc de Figueroa, a través de la Dirección de Educación Pública, inició un proceso de licitación para llevarlo a cabo. La idea, esta vez, era hacerlo con herramientas digitales, toda vez que el anterior se realizó con formularios impresos.

Sin embargo, el nuevo catastro no se llegó a concretar bajo la administración anterior. En la actualidad, en los pasillos del ministerio se comenta que sus antecesores no lo hicieron por problemas relacionados con la pandemia, pero también por lo que ellos consideran cierta “falta de voluntad”. La burocracia, afirman algunos excolaboradores del Mineduc del gobierno pasado, hizo lo suyo.

“Hacer el catastro es un trabajo largo y complejo y lo que ocurrió fue que para poavanzar e identificar y mejorar la metodología, se optó por hacerlo a través de un piloto en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), donde había una necesidad y urgencia de hacerse cargo, justamente, de la educación pública”, dice al respecto el propio Raúl Figueroa. Añade que “se trabajó en las bases de la licitación para un proyecto de mayor alcance, quedando incluso la plata disponible, pero nos pareció que faltando poco para la llegada del nuevo gobierno, ellos debían involucrarse en el proceso”.

Así las cosas, en la administración pasada solo se alcanzó a iniciar un trabajo piloto preliminar y los resultados de ese proyecto preparatorio, a los que tuvo acceso La Tercera, ya están en manos del actual Mineduc. Los mismos permitieron probar la metodología, además de recoger información sobre materialidad, superficies, servicios básicos y características generales de la infraestructura de algunos establecimientos educacionales.

¿Cuáles establecimientos fueron considerados? Los ubicados en los territorios que abarcan los SLEP, es decir, ya desmunicipalizados, de Valparaíso (66 locales catastrados en esa comuna), Atacama (80 locales de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro), Colchagua (74 locales de San Fernando, Chimbarongo, Nancagua y Placilla) y Llanquihue (91 locales de Fresia, Frutillar, Los Muermos, Llanquihue y Puerto Varas).

En estas unidades fueron analizados 302 establecimientos educacionales, que contenían 311 locales (hay establecimientos con