Convención: comisión aprueba que nueva Constitución sólo se podrá reformar con quórum de 2/3

Pleno deberá pronunciarse la próxima semana sobre propuesta que fue presentada por colectivos de izquierda de la Constituyente.

La norma transitoria duraría hasta el próximo Poder Legislativo. Serán esos congresistas quienes sí podrán aplicar el nuevo mecanismo para hacer modificaciones constitucionales que, por ahora, tienen como regla general un quórum de mayoría simple. Además, se aprobó que todos los senadores terminarán sus mandatos en 2026.

La Comisión de Normas Transitorias finalmente aprobó ayer la indicación que congela el mecanismo de reforma de la eventual nueva Constitución hasta 2026. Esto, debido a que los convencionales quieren bloquear o dificultar lo que más puedan la opción de que el actual Congreso tome el lápiz y la goma y, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito de salida, comience a reformar el nuevo texto constitucional.

La enmienda -que fue aprobada por 24 votos a favor y cinco en contra- dice lo siguiente: “Las normas de reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo de 2026. Durante la presente legislatura, los proyectos de reforma constitucional serán aprobados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio”.

Los convencionales tomaron este camino debido a que el borrador de nueva Constitución quedó con un mecanismo de reforma muy flexible. Cuando el pleno rechazó el artículo que fijaba como regla general para modificar la Constitución un quórum de 4/7, la

consecuencia fue que entonces quedó establecido que el quórum para modificar la Carta Magna es el mismo que el de las leyes, es decir, mayoría simple.

Esa decisión abrió de inmediato un dilema. Si la Constitución se puede reformar solo con mayoría simple, entonces el actual Congreso, una vez aprobado el nuevo texto en el plebiscito de salida, podía empezar a realizar reformas de manera inmediata debido a lo fácil de poder conseguir esa cantidad de votos.

Ante ese escenario, un grupo de convencionales optó por bloquear la opción. El asunto ha sido bien polémico, dado que la norma transitoria recoge el quórum más exigente de reforma de la Constitución de 1980. Esa regla de los 2/3 para reformar la Carta Magna históricamente ha sido criticada por la izquierda y sobre todo por el Frente Amplio (FA). Uno de los más duros con este tema ha sido el convencional Fernando Atria (FA), quien incluso se ha referido a esta regla como un “candado” o “cerrojo” constitucional.

Sin embargo, ese mismo sector actualmente defiende la idea aprobada por la comisión. Atria lo hizo a través de su cuenta de Twitter. “No es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella, a la espera de instituciones que, por ser creadas por la nueva Constitución, sí es razonable esperar que las tengan”, publicó en su red social.

Otros constituyentes, en cambio, se han manifestado en contra. “2/3 con hoja en blanco motiva los acuerdos. 2/3 sobre texto escrito es un candado y limita la democracia. Es lo mismo que hizo la Constitución del 80 y dio derecho a veto a una minoría y hoy nos tiene en crisis”, publicó el convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo) en su cuenta de Twitter.

El tema ha derivado en un fuerte enfrentamiento entre la Convención y el Congreso. “Rigidizar es una mala idea, porque perjudica la opción del Apruebo. La nueva Constitución debe establecer mecanismos razonables de reforma para su permanente perfeccionamiento y actualización conforme a las demandas ciudadanas”, ha dicho el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (Partido Socialista).

El líder de la Cámara también reprochó duramente esta idea de la Convención. “Establecer normas de quórum excesivamente exigentes y rígidas, o intentar bypasear el Congreso, legislando vía decretos o con comisiones extraparlamentarias, es un error brutal, que sólo hace más compleja la transición, que debe ser democrática, fluida y eficaz”, comentó hace unos días el diputado Raúl Soto.

Todos los senadores terminarán sus periodos en 2026

La comisión también aprobó las normas que marcarán la transición hacia el futuro sistema político. “Todos los integrantes del Senado terminarán su mandato el 11 de marzo de 2026, independiente de la fecha de su elección”, dice una de las indicaciones aprobadas.

Esto es relevante, debido a que en 2026 existirán senadores a quienes aún les quedarían cuatro años más en sus cargos. Previamente,

el Senado, a través de un oficio, había solicitado a la Convención que los constituyentes debían “respetar la voluntad popular” y dejar que los senadores que se encuentran actualmente en ejercicio cumplan “íntegramente” sus mandatos.

También se despachó al pleno el transitorio que establece que “la o el Presidente de la República elegido para el período 2022-2026 no podrá presentarse a la reelección para el período siguiente y continuará en el cargo con las atribuciones constitucionales para las cuales fue elegido”.

Otra enmienda que fue visada por la comisión le entrega atribuciones al Servicio Electoral (Servel) para que -en caso de que un año antes de la próxima elección no se hayan promulgado las modificaciones necesarias a la legislación electoral para permitir el sufragio de los adolescentes de 16 y 17 años- la entidad pueda “dictar las normas e instrucciones necesarias para su realización”.

Los convencionales también aprobaron la norma que establece que la elección de los representantes regionales que integren la Cámara de las Regiones serán electos “por esta única vez, para ejercer sus cargos por el término de tres años”. En tanto, los actuales miembros del Senado podrán postular a las elecciones para el futuro Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, comicios que se realizarán en 2025. De ser electos, “se reputará la legislatura correspondiente al periodo 2026-2030 como su primer periodo en el cargo”.

Del mismo modo, los convencionales visaron el transitorio que establece que se traspasará al Congreso de Diputados y Diputadas “los bienes, derechos y obligaciones de la Cámara de Diputados” y lo mismo sucederá con “los bienes, derechos y obligaciones del Senado, los que se traspasarán a la Cámara de las Regiones”.

Además, durante esta jornada de votación la comisión visó el artículo que se refiere a la entrada en vigencia de la nueva Constitución. La indicación dice que el texto tendrá validez una vez publicada en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. Desde esa fecha la Constitución vigente quedará derogada, al igual que sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas.

En la misma línea, la comisión aprobó que en el mes siguiente a la entrada en vigencia de la nueva Constitución el Presidente de la República deberá convocar a la creación de una “comisión para la implementación de la Constitución”. Esta instancia deberá ser un órgano paritario que cuente con “diversos sectores de la sociedad, incluyendo pueblos indígenas”.

Esta propuesta, que también fue una idea del gobierno, tendrá entre sus objetivos el diseño de propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas orientadas a la “implementación de las normas constitucionales en sus aspectos legales y administrativos”.

También tendrá como misión proponer “mecanismo de evaluación y monitoreo del proceso de implementación de la nueva Constitución”.

En tanto, la comisión aprobó el artículo que sostiene que la regla de paridad de género “será aplicable a los órganos colegiados de elección popular a partir del proceso electoral nacional, regional y local” que se lleve a cabo de forma inmediata luego de la entrada en vigencia de esta Constitución y será el Poder Legislativo quien deberá “dictar o adecuar” la ley electoral para su cumplimiento.

Además, el texto menciona que en el caso de los órganos colegiados que no se renueven mediante procesos electorales -así como directorios de empresas públicas o semipúblicas-, “la regla de paridad deberá implementarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan” y será deber de la Contraloría “velar por el cumplimiento de la paridad de género en los órganos directivos y superiores de la Administración del Estado”.

Este viernes 26 de mayo la comisión continuará revisando el resto de las indicaciones. Todas estas votaciones han sido con quórum de 3/5. Las enmiendas que logren pasar esta filtro serán parte del informe que se despache al pleno. Se espera que el plenario vote la propuesta el jueves de la próxima semana y todo lo que consiga los 2/3 pasará a formar parte del borrador de nueva Constitución.b