Los jueces no son gobernables

El planteamiento de esta columna es que el Poder Judicial no será permeado por las ideas del próximo gobierno. Mantendrá su independencia y no caerá en la obsecuencia. Lo aprendido de los años 73 a 90 es determinante: la autonomía de los jueces y también su obligación de decidir conforme al derecho fueron severamente afectadas. Hoy son pilares fundamentales de la sociedad.

Sin embargo, los intentos por subyugar a los jueces aún existen. La mejor evidencia es el sistema de nombramientos de ministros de la Corte Suprema, que son examinados a veces en forma indigna en busca de rastros en sus sentencias que no satisfagan ciertos intereses políticos. Lo mismo puede decirse de las acusaciones constitucionales, donde no importa si quienes las suscriben tengan o no razón, que exista o no notable abandono de deberes o cualquiera otra causal que se invoque. El objetivo de estas maniobras es generar en los jueces de carrera una amenaza cierta, en el sentido de que si no fallan de cierta manera, serán rechazados para integrar el máximo tribunal; se buscaría, entonces, que los magistrados resuelvan en busca de ser designados. En contra de esto, la judicatura ha alzado su voz y rechazado el intento de ser banalizada.

Dicho lo anterior, cabe considerar que, fuera de estas situaciones gravísimas, los jueces siempre estarán sujetos al escrutinio público. En dicho sentido, durante los últimos años las decisiones que se refieren a cuestiones vinculadas a derechos humanos y los temas relevantes de carácter económico, son motivo de crítica. Respecto de las primeras, se sostiene que, cuando se trata de funcionarios policiales, los tribunales han actuado a su respecto con mayor severidad que con los autores de violencia en protestas o de actos de franco terrorismo. En cuanto a las segundas, se afirma que los sentenciadores se transforman en organismos técnicos, desconociendo el llamado principio de deferencia respecto de resoluciones previas de organismos especializados. Con ello, se plantea que las políticas públicas diseñadas para desarrollar actividades económicas lícitas y que les dan garantías a los inversionistas si las cumplen, encuentran un grave freno en las sentencias, con consecuencias para el desarrollo y el empleo, que son objetivos anhelados por los ciudadanos.

Estas críticas son legítimas dentro de una convivencia social y no cabría contra los jueces una acusación por influencias ideológicas, ni de ser lábiles a un gobierno u otro, así como tampoco que son catalizadores de los tiempos que corren. No es su misión. Ellos no se rebelan contra las leyes: las interpretan y aplican conforme al mandato constitucional de hacer justicia. Los jueces, para nuestra seguridad en el futuro, no son gobernables. Por ello, criticar sus decisiones es un derecho, y protegerlos es una obligación.